¿Hasta cuándo debe pagarse la congelación de embriones?

Uno de los mayores problemas que tienen las clínicas de reproducción humana asistida y los pacientes es qué hacer con el sobrante de los embriones de los tratamientos.

Como ya expliqué en el post sobre la crioconservación de embriones, nuestra actual (y para mí escueta) Ley de Reproducción Humana Asistida, establece cuatro posibles destinos para los embriones que sobran, tras el sometimiento a tratamientos de reproducción humana asistida:

  1. Ser utilizados por la propia pareja o mujer soltera en un futuro.
  2. Donarlos a la ciencia.
  3. Donarlos con fines reproductivos a otras parejas o mujeres.
  4. Destruirlos.

¿En qué casos deberá la pareja hacerse cargo del pago del mantenimiento de los embriones en la clínica?

La regla general es que la pareja deberá hacerse cargo del mantenimiento de crioconservación de sus embriones, mientras estos se encuentren en la clínica.

Parece lógico que sea así, cuando la pareja se reserva embriones congelados para poder utilizarlos en un futuro, pero ¿qué ocurre cuando se donan a la ciencia?

En contra de lo que pueda parecer, muchos de los embriones sobrantes son donados a la ciencia, pero actualmente, hay tantos embriones y tan poca investigación al respecto que, a fecha, prácticamente ningún embrión es destinado a un proyecto científico concreto y, mientras no haya un proyecto científico al que destinarlos, el coste de su mantenimiento debe ser a cargo de la pareja, algo que personalmente me parece injusto, al igual que lo sería para la clínica hacerse cargo de ellos, pero que es así.

¿Y si son donados a otras parejas? En este caso, es más fácil dejar de pagar el mantenimiento ya que, es probable que se les encuentre una pareja receptora fácilmente o sean llevados a otras clínicas para poder ser donados. El problema aquí reside en que no todos los embriones pueden ser donados a otras parejas. Para que puedan ser donados es preciso que:

  • La mujer donante tuviese menos de 35 años cuando congeló los embriones. Algo que cada vez es más difícil ya que, cada vez las mujeres son madres más mayores.
  • Que la calidad de los embriones sea buena.

Por tanto, la opción de donar los embriones a otras parejas con fines reproductivos no siempre es posible.

La última opción es destruirlos, pero esto no es legalmente posible hasta que no ha transcurrido el plazo máximo legal establecido por la ley y ¿cuál es este plazo? El plazo máximo establecido por la ley viene determinado por la edad fértil de la mujer, es decir, podrán destruirse cuando un informe ginecológico, externo a la clínica, determine que la mujer ya no puede quedarse embarazada o es peligroso para ella, en cuyo caso, como no va a poder utilizar esos embriones, la pareja puede optar por destruirlos y, por tanto, dejarán de pagar el mantenimiento de los embriones.

En conclusión, la pareja progenitora o mujer deberán hacerse cargo del mantenimiento económico de los embriones mientras estos se encuentren en la clínica, ya sea porque no pueden ser donados o destruidos.

¿Qué ocurre si la pareja abandona o se desentiende del pago del mantenimiento de los embriones?

En caso de impago del mantenimiento anual de los embriones congelados, la clínica puede reclamar judicialmente el pago pero, siempre y cuando, haya informado de forma clara y correcta a la pareja sobre este extremo, es decir, sobre el hecho de que debían hacerse cargo del mantenimiento económico de los embriones sobrantes de los tratamientos de reproducción asistida mientras éstos se encuentren crioconservados en la clínica y no puedan ser donados o destruidos.

Puede ocurrir que la pareja o mujer progenitora de los embriones, no solo no pague el mantenimiento económico de dichos embriones, sino que además, no responda a los requerimientos de la clínica para renovar su consentimiento informado sobre el destino que quiere darle a los mismos. Si esto ocurriese durante dos renovaciones consecutivas, será la clínica quien decidirá sobre el destino de dichos embriones, tal y como recoge el artículo 11.6 de la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida:

El consentimiento para dar a los preembriones o gametos crioconservados cualquiera de los destinos citados podrá ser modificado en cualquier momento anterior a su aplicación.

En el caso de los preembriones, cada dos años, como mínimo, se solicitará de la mujer o de la pareja progenitora la renovación o modificación del consentimiento firmado previamente. Si durante dos renovaciones consecutivas fuera imposible obtener de la mujer o de la pareja progenitora la firma del consentimiento correspondiente, y se pudieran demostrar de manera fehaciente las actuaciones llevadas a cabo con el fin de obtener dicha renovación sin obtener la respuesta requerida, los preembriones quedarán a disposición de los centros en los que se encuentren crioconservados, que podrán destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de los fines citados, manteniendo las exigencias de confidencialidad y anonimato establecidas y la gratuidad y ausencia de ánimo de lucro.

La ovodonación y las enfermedades de la donante

A pesar de que en España el tema de la infertilidad sigue siendo un tema muy tabú, del que pocas parejas hablan o reconocen, la realidad es que cada vez más parejas se ven obligadas a acudir a centros médicos especializados para poder tener hijos ya que, de forma natural, por diferentes circunstancias, les acaba resultando imposible.

Pero es que además de este tabú a reconocer la incapacidad de tener hijos de forma natural o sin ayuda de médicos, se da la circunstancia de que también hay mucho desconocimiento sobre algunos aspectos, algunos de ellos, porque las personas que se someten a tratamientos de reproducción humana asistida no leen con detenimiento los consentimientos informados que se les hacen firmar por partes de las clínicas, otros, porque dichos consentimientos informados no son suficientemente claros.

Uno de los temas con las que más me estoy encontrando actualmente por parte de parejas o madres solteras, es el hecho de “creer” que, al acudir a donante de óvulos (ovodonación) o donante de esperma para poder tener un hijo (ya sea porque los óvulos o el esperma de la pareja no están bien o por optar por la opción de ser madre soltera), esto les garantiza un niño completamente sano en casa y, esto, por desgracia, no es así.

¿Optar por donante de óvulos (ovodonación) o donante de esperma garantiza que el bebé nazca sano?

Por desgracia y, en contra de lo que los pacientes creen, la respuesta es no.

Seguir leyendo

Internet de las cosas ¿un futuro más fácil?

Mucho se ha hablado últimamente sobre el llamado “Internet de las cosas” y su implicación en nuestra vida diaria.

¿Qué es el Internet de las Cosas?

El internet de las cosas es la traducción al castellano del concepto en inglés “Internet of things”, también reconocido por su abreviatura “IoT”, y hace referencia a la conexión digital de objetos u cosas cotidianas con internet.

La forma más sencilla de entender el concepto Internet de las Cosas es con ejemplos.

El ejemplo quizás más fácil, por existir actualmente y que empezamos a verlo como un instrumento tecnológico necesario para la vida diaria, como lo pueda ser el teléfono móvil,  es el del reloj inteligente o “smartwatch”; un reloj que es capaz, entre otras cosas, de medir la tensión de la persona que lo lleva, controlar sus constantes vitales, lo que ha caminado en un día o las calorías que ha consumido y, en función de eso, poder hacerle recomendaciones.

Otro de los ejemplos más utilizados es el de la nevera ¿qué pasaría si nuestra nevera estuviera conectada a internet? pues que podría avisarnos de la caducidad de los productos, de la necesidad de comprar algún producto que se ha acabado o, incluso, de hacernos la lista de la compra en función de nuestros gustos, necesidades, compras habituales, etc.

Seguir leyendo

Nueva normativa igual a nuevas medidas de seguridad

Desde que a finales de 2007 entrase en vigor el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, las empresas han tenido relativamente “fácil” cumplir con la normativa relativa a la protección de datos.

Y es que, dicho Reglamento (aún vigente) establece cuáles son las medidas de seguridad exactas que los responsables de los ficheros (las empresas) deben cumplir en función del tipo de dato personal que tratan, estructurándose o dividiéndose en datos de nivel básico, medio y alto.

Ahora bien, la reciente entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, de aplicación directa para todos los Estados miembros y de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018, cambia totalmente esta situación.

Seguir leyendo

Evaluación de impacto relativa a la protección de datos. Nueva obligación.

A finales de octubre de 2014, os hablaba en un artículo sobre la privacidad desde el diseño y los planes de evaluación de impacto en materia de protección de datos y, os contaba, que pese a recomendarse por la Agencia Española de Protección de Datos llevar a cabo este tipo de planes ante proyectos que pudieran poner en riesgo la intimidad y privacidad del usuario, en España no era obligatorio, aunque si recomendable.

Pues bien, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, de aplicación directa para todos los Estados miembros de la Unión Europea y de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018, realizar planes de evaluación de impacto en materia de protección de datos pasa a ser obligatorio para algunos tratamientos de datos personales.

La Evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

Los planes de Evaluación de impacto relativos a la protección de datos tienen como finalidad proteger la intimidad y privacidad del usuario. Así, cuando tenemos entre las manos un proyecto de negocio que tratará datos de personas físicas que, podrían correr riesgo por el tipo de dato del que se trate o que por la naturaleza del proyecto podría ponerse en riesgo la intimidad y privacidad del usuario y/o cliente, será necesario y obligatorio realizar una Evaluación de impacto relativo a la protección de datos.

Seguir leyendo

Ambito de aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

La entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, el pasado 25 de mayo de 2016, aunque no aplicable hasta dentro de dos años, esto es, hasta el 25 de mayo de 2018, supone un cambio drástico respecto a la actual normativa del derecho a la protección de datos personales de las personas físicas.

Así, uno de los cambios más significativos o que, sin duda, más darán que hablar, es el ámbito territorial de aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos y es que, será aplicable para el tratamiento de datos personales de todos los ciudadanos europeos (personas físicas), con independencia de que el tratamiento se lleve a cabo por una empresa que se encuentre ubicada en la Unión Europea o fuera de ésta (ya sea, porque ofrece al ciudadano europeo sus bienes o servicios o porque hace un seguimiento de su conducta). Es decir, las empresas, estén o no físicamente dentro de la Unión Europea, que ofrezcan sus bienes y servicios en Europa, aunque estos sean gratuitos  y/o controlen el comportamiento de las personas físicas residentes en Europa, deberán cumplir con la nueva normativa.

Además, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, también será de aplicación directa para todas las empresas que se encuentren dentro de la Unión Europea, traten o no datos personales de ciudadanos europeos.

Seguir leyendo

Derecho a la portabilidad de los datos personales

Una de las novedades más llamativas o, por lo menos, una de las más relevantes del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (aplicable de forma directa para toda la Unión Europea a partir del 25 de mayo de 2018) es el llamado derecho a la portabilidad de los datos.

¿En que consiste el derecho a la portabilidad de los datos?

El derecho a la portabilidad de los datos consiste en reconocer a cualquier ciudadano europeo el derecho (y, a partir del 25 de mayo de 2018, así podrá ejercerlo) a que cualquier empresa que trate sus datos personales de forma automatizada (informáticamente hablando) se los entregue o los transmita a cualquier otra empresa (por él designada) en un formato organizado, legible y mecanizado.

En definitiva, se trata del derecho a que los datos personales de un ciudadano europeo, recogidos en archivos automatizados, puedan serle entregados a él o traspasados, si así éste lo solicita, a otra empresa de forma fácil y ágil y directa entre las dos empresas.

Dicho derecho debe aplicarse cuando el interesado haya facilitado los datos personales dando su consentimiento o cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato.

Seguir leyendo

Las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPO)

La reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos va a suponer grandes cambios sobre la aplicación de la normativa en materia de protección de datos, uno de estos cambios, es la aparición de una nueva figura: el Delegado de Protección de Datos o DPO por sus siglas en inglés (“Data Protection Officer”).

¿Cuáles son las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPO)?

El artículo 39 del Reglamento Europeo de Protección de Datos establece:

a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros.

b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.

c) ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35.

d) cooperar con la autoridad de control.

e) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

Seguir leyendo

¿Cuándo es obligatorio contratar a un Delegado de Protección de Datos (DPO)?

Tras la reciente aprobación y entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, de directa y obligada aplicación dentro de dos años, nos encontramos con algunos cambios significativos a nivel de protección de datos, entre ellos, nos encontramos con la figura del Delegado de Protección de Datos o DPO (sus siglas en inglés – “Data Protection Officer”), figura que no existía hasta la fecha.

Dicha figura viene regulada en los artículos 37 a 39 del precitado Reglamento.

¿Cuándo se tiene que contar con la presencia de un Delegado de Protección de Datos (DPO)?

Según establece el artículo 37.1 del Reglamento Europeo de Protección de Datos:

El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que:

a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;

b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o

c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10.

Así, todos los organismos públicos estarán obligados a contar con la ayuda de un Delegado de Protección de Datos (DPO), eso sí, el Reglamento posibilita que un conjunto de organismos dispongan de un único DPO teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.

Seguir leyendo

Esperma crioconservado y filiación paterna

A finales de mayo publicaba un artículo “12 meses no es tiempo suficiente” en el que os explicaba un caso que me había llegado al despacho y que me había enfadado mucho por lo injusto que me parecía.

Una mujer deseaba utilizar el esperma crioconservado de su esposo fallecido tras enfermedad, para poder tener un hijo suyo. El problema residía en que la normativa española sobre reproducción humana asistida, establece un periodo máximo de 12 meses para poder utilizar el material genético crioconservado, desde la fecha de la defunción del esposo (artículo 9.2 de la ley 14/2006) y, en este caso, habían pasado más de dos años desde el fallecimiento, por lo que, la clínica le negaba la posibilidad de utilizarlo a la cliente.

Como ya os adelanté en el precitado artículo, lo que hice, tras estudiar las posibilidades que teníamos, fue presentar una demanda de jurisdicción voluntaria, solicitando al juez autorización para el uso del esperma crioconservado del marido y, para que no me fuera de aplicación el famoso plazo de los 12 meses, alegué no reclamar la filiación paterna del futuro hijo, solo el uso del esperma ya que, la normativa establece dicho plazo para que el hijo nacido disponga de filiación paterna, así que, decidí no solicitarla y que así, dicho plazo no me fuera de aplicación.

Pues bien, ya tenemos resolución firme y es favorable ¡Nos han dado la razón!

Tanto el Ministerio Fiscal como Su Señoría, han expresado su conformidad con lo interesado por nuestra parte y le han concedido autorización a la cliente para que pueda utilizar el esperma crioconservado de su difunto esposo y, así, poder tener un hijo suyo gracias a las actuales técnicas de reproducción humana asistida.

Os facilito, extracto del Auto dictado, por si fuera de vuestro interés:

Pues bien, tal como pone de manifiesto la parte instante en su escrito inicial, el citado artículo 9 de la ley 14/2006 se refiere a los requisitos para la determinación de la filiación como matrimonial pese a la premoriencia del marido y no a la posibilidad de que la viuda utilice su material reproductor criopreservado una vez fallecido.

Ello se desprende sin lugar a dudas de su mero tenor literal:

“Artículo 9. Premoriencia del marido.

Jurisprudencia que cita/interpreta este artículo.

Publicaciones que citan este artículo

1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta Ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar su consentimiento, en el documento a que se hace referencia en el artículo 6.3, en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de aquéllas.

Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior cuando el cónyuge superstite hubiera estado sometido a un proceso de reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de pre embriones constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido.”

También se regulan los requisitos para que la filiación se considere matrimonial en caso de fecundación post mortem en el artículo 235-8.2 del Código Civil catalán, precepto que también se ciñe estrictamente a la filiación y no a la inseminación artificial. A cuyo tenor la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª , Ponente: Illma. Sra. Maria Dolores Viñas Maestre) de 19 de Noviembre 2012 nº 676/2012 se pronunció estimando el recurso de apelación contra la sentencia de 19 de Mayo de 2011 dictada en el Juzgado nº 19 de Barcelona.

En el presente proceso de jurisdicción voluntaria no se puede, dada su naturaleza, determinar una filiación matrimonial y desde luego la señora Xtampoco lo pretende en el suplico de su solicitud; sería en un proceso declarativo ordinario, una vez nacido el hijo, en donde se podría hacer valer sus alegaciones sobre que no pudo realizarse una inseminación artificial en los 12 meses siguientes al fallecimiento de su esposo dado que se lo desaconsejaron los médicos por su depresión y también donde se podría valorar la prestación del consentimiento del marido a una tal paternidad posmortem.

En consecuencia el artículo 9.2 de la ley 14/2006, no es un obstáculo legal que pueda oponer el hospital frente a la petición formulada.

A pesar de la alegría y satisfacción de obtener una resolución favorable que, por otro lado, me parece que es lo justo en este caso, sigo pensando que falta mucho camino por recorrer y que las clínicas de reproducción humana asistida deberían advertir a los pacientes muy bien de estos términos legales y de los plazos que se tienen, porque al final el paciente firma sin saber o conocer 100% cuáles son sus derechos y, no estamos hablando de comprar una camiseta o un electrodoméstico, hablamos de la posibilidad de tener un hijo. Por tanto, desde mi punto de vista, las clínicas deberían informar muy bien de las posibilidades y consecuencias de los tratamientos de reproducción humana asistida.